La cárcel de Capdesaso (1752)

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La forma de vida que llevamos a finales del siglo XX es bien distinta a la protagonizada por nuestros antepasados hace poco más de doscientos años. Los problemas, las preocupaciones y las situaciones vividas por los altoaragonés anónimos en las pequeñas poblaciones, eran a menudo problemas locales que se convertían en motivo de preocupación para sus vecinos.

Los caminos y los viajes eran con frecuencia el motivo y la causa de la existencia y prosperidad de algunas localidades. Así hemos tenido a lo largo de la historia varios ejemplos que nos han mostrado los beneficios del camino en pequeñas localidades altoaragonés; en el norte, y en la zonas montañosa, estaba Canfranc y todo sus sistema aduanero de control de las mercancías que entraban o salían del reino francés; y el sur, y en el llano monegrino, estaba Candasnos, localidad asomada al camino real que unía Barcelona y Zaragoza y lugar obligado para cubrir la dura etapa de Fraga a Bujaraloz.

El camino era el lugar por el que llegaban los beneficios, pero como es normal también era el canal adecuado para recibir todos los problemas posibles y, en ocasiones, esta arteria se convertían en fuente inagotable de contratiempos para los pequeños núcleos de población que se veían expuestos a todo tipo de viajeros que accedían a su localidad a través del camino.

Vamos a ver el problema que se le planteó a la localidad de Capdesaso, situada a pie del camino real que unía la localidad de Fraga con Huesca, y por tanto enclavada en la vía que comunicaba esta capital con la ciudad de Lérida.

Capdesado estaba compuesto a mitad del siglo XVIII por poco más de 55 vecinos que daban vida a esta localidad enclavada en los Monegros altoaragoneses y que se veían sorprendidos en ocasiones por la aparición de ciertos viajeros que venían a romper la convivencia tranquila, y casi podemos decir que monótona, que vivían sus habitantes.

En ocasiones se presentaba en Capdesaso comitivas que trasladaban a los presos y convictos de Huesca a Lérida, o viceversa, y se veían obligados a parar en esta localidad a pernoctar. Cuando se presentaba esta ocasión, todos los vecinos se veían obligados a dar hospedaje a los viajeros oficiales, pero esto no era muy problemático, lo realmente complicado consistía en buscar en Capdesaso un lugar que sirviera de cárcel para los presos y que en el Ayuntamiento carecían de calabozo.

Los de Capdesaso se veían obligados a encerrar a los presos en “un cuarto de la casa de algún vecino”, con el peligro que ello acarreaba a la familia que le tocaba en suerte y que se convertían de inmediato en improvisados carceleros.

Esto, como era de suponer, no solía terminar muy bien y en varias ocasiones los presos “hacían fuga por las malas cerraduras” de las habitaciones y casas donde los hospedaban, con el consiguiente alboroto provocado por la guardia encargada de su traslado.

Esta situación no podía continuar ya que las continuas fugas eran motivo de preocupación de los vecinos de Capdesaso que veían cómo un número importante de los presos que se custodiaban en la localidad acababan fugándose o al menos intentándolo, con el consiguiente peligro ocasionado para la población.

Se pretendió resolver esta problemática en 1752, ya que los del Ayuntamiento veían que si se extendía la noticia de que los presos huían con suma facilidad, estas comitivas oficiales evitarían pernoctar en Capdesaso, provocando una disminución de los posibles ingresos de los vecinos.

La solución pasaba por la construcción de una cárcel, algo que venían reclamando los vecinos desde hacía tiempo, pero el Concejo carecía de recursos económicos suficientes para afrontar esta obra.

No obstante, Agustín Fumaz,”síndico procurador del lugar de Capdesaso”, se pone en contacto con “péritos y maestros alarifes” para que le presupuesten el valor de construir una cárcel en la localidad. Una vez con esta información se reúne con los “conservadores y administradores de los propios” de la localidad, a quienes solicita la cantidad necesaria para realizar esta obra.

Estos administradores, al ser los explotadores de los bienes comunales de Capdesaso, son los únicos que poseen los recursos económicos suficientes para construir la cárcel, pero como era de esperar, se niegan en redondo a sufragar una obra que no se les había informado de su construcción cuando formalizaron el contrato de arriendo y explotación de los bienes comunales.

Ante esta difícil situación, el Consejo no ve otra alternativa que dirigirse a la Real Audiencia de Zaragoza para exponer el problema y solicitar por parte de la autoridad una solución que permita a Capdesaso seguir viviendo del camino real.

Por ello el 19 de marzo Agustín Fumaz se traslada a Zaragoza y se pone en contacto con unos abogados a los que les da poderes suficientes para redactar la instancia pertinente a la Real Audiencia en la cual se exponga la petición y el deseo de Capdesaso de tener una cárcel digna de una localidad enclavada en una de las vías de comunicación más importantes del Reino.

Al día siguiente se presenta la petición en el tribunal zaragozano solicitando se les obligue a los arrendadores de los “propios” de Capdesaso a sufragar el coste de la cárcel y presentan para ello “la visura y declaración de los maestros alarifes”.

No creemos que obtuviesen el permiso para la construcción de un edificio de nueva planta como cárcel, a todas luces innecesario en una localidad como Capdesadso, seguramente lo que pretendían los vecinos era el acondicionamiento de una habitación del Ayuntamiento como calabozo con cerraduras seguras.

La petición fue tenida en cuenta por la Real Audiencia y ordena se les informe a los arrendadores en el plazo de ocho días “sobre el contenido de este pedimento”. No tenemos más noticias sobre el asunto, seguramente, Capdesaso acabaría teniendo su cárcel o calabozo acondicionado en el Ayuntamiento, algo lógico y común en otras muchas localidades. No obstante, lo único que solicitaban era tener una fosqueta de la que no se escaparan los presos.

FICHA:
1752, marzo. Capdesaso. Provisión sobre la construcción de cárcel en Capdesaso. 215x315. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Sección “Real Acuerdo. Huesca”; caja 6, doc. nº 36



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